Pérez Zeledón. Los vecinos de Corredores, Limón, Barranca, Liberia, Pérez Zeledón, Goicoechea, Alajuela y Pavas, se verán beneficiados con la construcción de modernos Centros Cívicos por la Paz (CCP), así como las comunidades de Garabito, Buenos Aires, Paraíso, Nicoya, Cahuita, Santa Ana, Alajuelita, entre otras, de las siete provincias del país, donde se levantarán más de 30 nuevas delegaciones policiales.
Las obras proyectadas beneficiarán a una población de unas 655 mil personas y generarán entre 4 mil y 6 mil empleos directos y al menos 3 mil empleos indirectos. Las comunidades beneficiadas se definieron bajo dos criterios: los territorios prioritarios de la Agenda Nacional de Prevención, así como del Índice de Daño del Delito.
La inversión que deberá estar lista en los próximos cinco años, será una realidad gracias a la firma de la Ley 9968 “Contrato de préstamo con el BID para financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia”, que las autoridades del Gobierno de la República y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizaron hoy martes, y que permitirá ejecutar recursos por $100 millones para la actualización y mejora de este programa.
La sanción de la Ley se realizó en el Centro Cívico por la Paz Heredia (Guararí), con la presencia del presidente Carlos Alvarado Quesada; el representante del BID, José Ramón Gómez; la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas; y el jerarca de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, así como otras autoridades de estas carteras.
El principal objetivo de la legislación es contribuir con la disminución de los homicidios y asaltos en el país, además de mejorar la efectividad policial e incidir en la reducción de los comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes en condición de vulnerabilidad.
El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, agradeció a los diputados por la aprobación de esta ley que viene a darle facultad al Estado para posicionar la prevención, “como la mejor herramienta para procurar un país seguro, que atienda la causa del delito antes de su surgimiento y siempre ponga en el centro de su accionar a la persona”.
“Se trata de una deuda que estamos saldando con las comunidades y con nuestros cuerpos policiales con el objetivo de mejorar la infraestructura y tecnología para brindar una respuesta oportuna ante el crimen, al tiempo que generamos espacios públicos de manera articulada con municipios para que jóvenes puedan recrearse y volver su mente hacia el deporte”, agregó el mandatario.
José Ramón Gómez, representante del BID en Costa Rica, mencionó que “el BID ha venido acompañando al país en este enfoque de seguridad ciudadana integral y preventiva desde el año 2012, cuando comenzó el Programa de Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social, el cual contribuyó a mejorar la infraestructura de la Fuerza Pública y construyó los primeros siete Centros Cívicos por la Paz. Hoy damos un paso más en nuestro compromiso con la prevención de la violencia.”
