Al igual que el año anterior, este ente defensor considera que, si bien el mantenimiento de la red vial es importante para que la libertad de tránsito y la movilidad de las personas por todo el territorio nacional sean efectivas, el país continúa sufriendo el impacto de una economía que ya venía en recesión y que ahora sufre a causa de la pandemia. El desempleo, la suspensión de contratos y la reducción de jornadas laborales son realidades que afectan a muchas familias costarricenses y que se han agudizado a más de un año del inicio de la pandemia. “La Defensoría confía en que el Congreso apruebe nuevamente una ley que permita disminuir el impuesto a la propiedad de los vehículos, de manera que las poblaciones más vulnerables y afectadas se beneficien con la disminución de este pago”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.
La jerarca agregó que la realidad que vive el país nos enfrenta a decisiones difíciles que deben de adoptarse en favor de las personas y en defensa de sus derechos; “la solidaridad, en especial para con los sectores más vulnerables, debe de ser una prioridad de las autoridades para salir adelante de esta crisis”, puntualizó Crespo Sancho. El año anterior, la Defensoría de los Habitantes también pidió al Congreso y al Poder Ejecutivo acciones que permitieran una reducción del pago del marchamo; solicitud que se mantiene vigente para el año 2021.
