Defensoría se opone CONTUNDENTEMENTE al aumento en los precios de los combustibles

La Defensoría de los Habitantes presentó, este lunes 10 de mayo, su oposición al aumento tarifario solicitado por el sector de estaciones de servicio de combustible, el cual se vendría a sumar a los últimos incrementos en el precio al usuario final de hidrocarburos.


Si bien, la Defensoría es consciente de que las tarifas de los servicios públicos deben ajustarse periódicamente para mantener la calidad y continuidad de los servicios, se considera que, en esta oportunidad y coyuntura, el aumento solicitado por las estaciones de servicio es desproporcionado y carente de fundamento.


En enero del 2020, la ARESEP había autorizado un aumento del 8,33% en ese margen y hoy, poco más de un año después, el sector solicita un incremento de 26,56%.


Cabe indicar que la inflación acumulada desde que se fijó el actual margen hasta el mes de abril de este año ha sido del 1,13%. Por tanto, el aumento solicitado es 23 veces la inflación registrada para el mismo período en que está en vigencia la tarifa actual.


Esta nueva solicitud, la justifica el sector con base en la situación provocada por la pandemia del COVID-19, que redujo el consumo de combustibles en estaciones de servicio; la revaloración de activos y porque el sector incurre en nuevos costos operativos, como la facturación electrónica, cambios en el sistema de registro contable, incremento en el uso de tarjetas de crédito y débito, entre otros; que no fueron reconocidos por la ARESEP en la fijación tarifaria de diciembre de 2019.


Respecto a lo indicado, considera la Defensoría que al igual que las estaciones de servicio, tanto los usuarios de combustibles como toda la sociedad costarricense, han 2 experimentado desde el año 2020 las consecuencias de la emergencia sanitaria debida al COVID-19 y la recesión económica y, por tanto, realizar un incremento como el solicitado para compensar a las estaciones de servicio por la reducción en sus ingresos, implica trasladar por completo el costo de la situación adversa del sector, a los usuarios finales de combustibles, sin que los operadores asuman parte del sacrificio que ha implicado para toda la sociedad la recesión económica experimentada por la pandemia, lo cual no parece equitativo, ni solidario.


En este sentido, considera la Defensoría que, en el análisis que realice la ARESEP sobre este punto de la solicitud, debe considerar que, al igual que las ventas de las estaciones bajaron, también se redujeron diversos costos y gastos asociados al volumen de ventas; de manera que, el perjuicio sufrido por las estaciones de servicio puede ser menor que el estimado en la propuesta. Para la Defensoría, si la ARESEP considera viable un ajuste tarifario por pandemia, debe establecer su período de vigencia, de manera que, pasado ese tiempo, la tarifa o el margen regrese a su nivel original.


El segundo componente del aumento se refiere al ajuste tarifario debido a la revaloración de activos (terrenos, edificios, maquinaria y equipos) y, a la inclusión de nuevos costos operativos, como la facturación electrónica, cambios en el sistema de registro contable, incremento en el uso de tarjetas de crédito y débito, entre otros.


Respecto a este segundo componente del aumento solicitado, que ascendería a un 18,97% sobre el margen vigente, la Defensoría llama la atención de la Autoridad Reguladora porque esta misma solicitud se realizó en el proceso tarifario que culminó con la aprobación del margen actual.


En esa oportunidad, la ARESEP se apegó a los requerimientos del modelo tarifario vigente y no aceptó por completo el aumento desproporcionado en la base tarifaria solicitado por el sector. Según se indica en la solicitud, las revaloraciones realizadas y los nuevos costos incluidos que impactan la base tarifaria (y por ende en la tarifa) se han estimado con base en estudios contratados al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).


Estos estudios tienen como propósito servir de insumo en la definición de un nuevo modelo tarifario que aún no existe y cuya elaboración la realiza la ARESEP desde el año 2015. Por lo anterior, a la fecha de esta solicitud, no se cuenta con la nueva metodología y, por tanto, es claro para la Defensoría que, la resolución que emita la Autoridad 3 Reguladora debe apegarse a las condiciones, parámetros y métodos de valuación reconocidos por la metodología vigente y no se puede utilizar metodologías que aún no han sido aprobadas por la ARESEP en audiencia pública.


Por tanto, la Defensoría de los Habitantes insiste ante la Autoridad Reguladora en la necesidad de finalizar el diseño del nuevo modelo tarifario iniciado desde hace seis años, de manera que el sector y los usuarios puedan contar con un instrumento de formación tarifaria transparente y acorde con las circunstancias socioeconómicas del país.


“Solicitamos a la ARESEP que el análisis de esta solicitud se realice acorde con la coyuntura y circunstancias sociales y económicas de las y los habitantes del país, considerando la situación económica y de emergencia nacional que afronta la sociedad costarricense desde el año 2020 y las perspectivas para los años siguientes”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, en su intervención en la audiencia pública.


Crespo Sancho recordó a la Autoridad Reguladora su obligación de cumplir con la normativa regulatoria establecida en la Ley N° 7593, la cual sujeta toda fijación tarifaria a los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica, y la armonización de los intereses de los consumidores, usuarios y prestatarios del servicio público.





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